Desencuentros marcan el debate del presupuesto 2025 en el Congreso
La discusión del Presupuesto 2025 en el Congreso chileno ha estado marcada por varios desacuerdos, especialmente por parte de la oposición, que ha expresado su preocupación sobre una posible sobrestimación del gasto público. Este temor podría llevar a un aumento de la deuda pública, lo que ha generado un clima de tensión en la cuenta regresiva para la votación del erario fiscal. La oposición argumenta que el gasto no ha sido debidamente justificado y que se requieren medidas de financiamiento más claras.
En la reciente aprobación de la partida número 15, correspondiente al Ministerio del Trabajo, surgió un punto de controversia: la autorización de más recursos para la Dirección del Trabajo (DT). Aunque se aprobó la mayoría de la partida, el incremento de recursos para la DT, destinado a aumentar la fiscalización bajo normativas como la Ley Karin y la reducción de la jornada laboral a 40 horas, fue rechazado. El diputado republicano Agustín Romero cuestionó la falta de consideración de las medidas de financiamiento que deberían respaldar estas iniciativas.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, defendió la importancia de aprobar la partida, subrayando que la DT es fundamental para la fiscalización de los derechos laborales. Jara hizo un llamado a resolver las discrepancias en la comisión mixta, advirtiendo que, de no ser así, se podría afectar la relación entre trabajadores y empleadores, generando inequidades en la aplicación de derechos laborales.
Además, la oposición ha planteado la posibilidad de incluir el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) dentro del presupuesto. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, criticó la falta de asignación de recursos para el Mepco, a pesar de que el año pasado se ejecutaron $142.500 millones para este fin. La oposición condicionó su voto a la entrega de documentos solicitados a la Dirección de Presupuesto (Dipres), lo que incluye detalles sobre la reducción de ingresos a ciertos subsidios estatales, generando así más incertidumbre en el proceso legislativo.