Diego Pardow solicita declarar inadmisible la acusación constitucional en su contra y acusa uso político del mecanismo
En una defensa de más de 120 páginas, el exministro de Energía argumenta que el libelo no cumple con los requisitos constitucionales, responde a las imputaciones sobre el error tarifario y justifica su decisión de no informar anticipadamente para evitar alarma pública.
El ex ministro de Energía, Diego Pardow, presentó ante la Cámara de Diputados una extensa defensa de más de 120 páginas en la que solicita declarar inadmisible la acusación constitucional presentada en su contra. En el escrito, sostiene que el libelo no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la Constitución y constituye un uso improcedente de una herramienta de carácter excepcional. A su juicio, los acusadores confunden discrepancias políticas con infracciones constitucionales, presentando imputaciones genéricas que dificultan su derecho a defensa.
Pardow explica que su gestión se desarrolló dentro de las atribuciones legales del cargo y que la acusación no se ajusta a las causales previstas en el artículo 52 de la Carta Fundamental. Aclara que el error en el cálculo del Precio de Nudo Promedio (PNP) se originó en 2017 y solo se materializó durante su administración debido al descongelamiento tarifario. Precisa que dicho error fue responsabilidad técnica de la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo autónomo encargado de elaborar los informes tarifarios, mientras que el ministerio tiene solo funciones de conducción política. Según el exministro, modificar los informes técnicos habría significado sobrepasar las atribuciones legales y vulnerar el orden institucional.
Respecto a los efectos económicos del error, afirma que su impacto real en las cuentas de luz fue mínimo, calculando en apenas dos millones de dólares el monto efectivamente cobrado a los usuarios entre julio y septiembre de 2024, mientras que más del 95% del sobreprecio teórico quedó registrado en documentos financieros de pago futuro. Además, rebate las críticas sobre su manejo del caso Transelec, asegurando que la respuesta fue inmediata y conforme a derecho, con la solicitud de una auditoría al Coordinador Eléctrico Nacional. Sostiene que la figura de “autodenuncia” invocada por los acusadores no existe en la normativa eléctrica y que los plazos del proceso se explican por la complejidad técnica de la auditoría.
Pardow también defiende la decisión de no comunicar anticipadamente las inconsistencias detectadas en el sistema tarifario, argumentando que hacerlo sin información cierta habría generado alarma infundada en la ciudadanía y perjudicado al Estado en eventuales litigios internacionales. Finalmente, recalca que la acusación constitucional es un mecanismo de última ratio y que, tras su renuncia el 16 de octubre, la única sanción aplicable sería la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pide al Congreso no obstaculizar su retorno a la academia y solicita acoger las cuestiones previas o, en su defecto, rechazar la acusación por carecer de fundamento.
