Oposición arremete contra el Gobierno por nueva pensión de gracia otorgada a condenado por homicidio
Parlamentarios de Chile Vamos emplazaron al Ejecutivo a revocar los beneficios entregados a personas con antecedentes penales tras conocerse un nuevo caso vinculado al estallido social.

Una nueva controversia política se generó en torno a las pensiones de gracia otorgadas por el Gobierno a víctimas del estallido social, luego que se revelara que uno de los beneficiarios fue condenado en 2014 por homicidio. Según antecedentes difundidos por el medio El Líbero, se trata de Jesús Véjar Vega, quien recibe mensualmente cerca de 600 mil pesos mediante un beneficio firmado por los ministros Mario Marcel y Carolina Tohá.
De acuerdo con la información conocida, Véjar fue condenado a cinco años de presidio por el homicidio de un recolector de basura ocurrido durante una riña en 2014. El caso reactivó las críticas de la oposición hacia el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, especialmente luego de que anteriormente se conocieran otros beneficiarios con antecedentes policiales o condenas previas. Parlamentarios de Chile Vamos exigieron revisar y revocar las pensiones entregadas a personas con historial delictual.
El diputado Henry Leal cuestionó duramente al Mandatario, señalando que el Ejecutivo no puede continuar entregando “pensiones vitalicias a un homicida”, mientras que la diputada Marlene Pérez sostuvo que el beneficio debe estar destinado únicamente a quienes realmente lo necesitan. En la misma línea, el senador Iván Moreira calificó la situación como “un premio para la delincuencia” y acusó al Gobierno de actuar con “irresponsabilidad institucional”.
Desde Renovación Nacional también surgieron críticas al Ejecutivo, luego que su bancada de diputados solicitara una sesión especial para que el Gobierno explique los criterios utilizados en la entrega de estas pensiones de gracia. La discusión además se da en paralelo al avance de iniciativas legislativas que buscan impedir que personas condenadas por delitos puedan acceder a este tipo de beneficios estatales o permitir la revocación de pensiones ya otorgadas.
