Diputada Tamara Ramírez califica de «inaceptable» desorden en recambio de calefactores y anunció ofensiva fiscalizadora
La parlamentaria del PDG e integrante de la Comisión de Medio Ambiente criticó las fallas de gestión y el millonario desaprovechamiento de recursos, adelantando que oficiará al ministerio de Medio Ambiente solicitando un informe detallado sobre compras, instalaciones y montos invertidos.
Un enérgico rechazo manifestó la diputada del Partido de la Gente (PDG) e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Tamara Ramírez, tras conocerse el grave desorden administrativo y financiero en el programa de Recambio de Calefactores, política pública clave para la reducción de la contaminación atmosférica.
La parlamentaria apuntó a las severas fallas en el control de los recursos que salieron a la luz pública, las cuales mantienen miles de equipos paralizados en bodegas regionales junto a deudas millonarias por conceptos de almacenamiento. Ante este escenario, Ramírez anunció acciones inmediatas desde la Cámara de Diputadas y Diputados para esclarecer las responsabilidades institucionales.
«Es inaceptable el desaprovechamiento de inversiones millonarias destinadas a descontaminar el aire del sur de Chile y de otras regiones, en un escenario que evidencia graves problemas de gestión y un nulo monitoreo del gasto. Como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, considero indispensable esperar los resultados de las auditorías del ministerio para esclarecer qué ocurrió, pero de forma paralela oficiaré a la cartera para exigir un informe detallado sobre el avance real del programa de Recambio de Calefactores, necesitamos saber con exactitud cuántos equipos se compraron, cuántos se han instalado efectivamente, a cuánto asciende la inversión total realizada y recopilar todos los antecedentes necesarios para transparentar a fondo esta preocupante situación», enfatizó la legisladora del PDG.
Con el requerimiento de fiscalización anunciado, la Comisión de Medio Ambiente buscará determinar las razones detrás de la sobrecompra de stock y los contratos vencidos en las regiones de Ñuble y Aysén, con el objetivo de garantizar que los fondos públicos cumplan efectivamente con el propósito de mejorar la calidad de vida y la salud de las familias del sur del país.
