Diputados PDG exigen explicaciones al Gobierno tras revelarse 56 rebajas de condena a violadores y abusadores de menores

Los parlamentarios Roberto Arroyo, Tamara Ramírez y Fabián Ossandón calificaron como «inaceptable» que el Ministerio de Justicia firmara los decretos por vía puramente administrativa y emplazaron al Presidente Kast a responder por la medida.

Una enérgica ofensiva fiscalizadora y duras críticas contra la administración del Presidente José Antonio Kast desplegaron los parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), luego de que se diera a conocer que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha otorgado 56 decretos de rebaja de condena a delincuentes sentenciados por abuso sexual y violación de menores en lo que va de su gestión.

De acuerdo con los antecedentes revelados por la prensa, el ministerio firmó los beneficios por vía puramente administrativa —es decir, sin mediación de los tribunales de justicia— con una frecuencia promedio de un decreto dictado cada tres días, habiendo rechazado apenas una sola solicitud en todo el periodo. El desglose de los decretos visados por la cartera de Justicia detalla que 27 corresponden a casos de abuso sexual de menores y 29 a violación de menores.

Ante la gravedad de los hechos, los diputados de la bancada del PDG manifestaron su total rechazo a la medida, apuntando tanto a la responsabilidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, como al propio Mandatario por la contradicción con sus promesas de campaña en materia de seguridad.

El diputado Roberto Arroyo calificó la situación como una afrenta directa a la integridad de la infancia en Chile, señalando. «Es inaceptable y doloroso para el país. Las heridas de una agresión sexual no prescriben en la vida de una víctima, por lo que resulta incomprensible que, entre cuatro paredes, se alivien los castigos de quienes cometieron estos crímenes. El ministro de Justicia tiene el deber urgente de dar la cara y transparentar los criterios detrás de cada uno de estos decretos. Desde la Cámara de Diputados vamos a fiscalizar a fondo de manera inmediata, solicitaremos formalmente todos los expedientes técnicos y, de comprobarse cualquier anomalía o negligencia administrativa, perseguiremos las responsabilidades políticas que correspondan. La prioridad del Estado debe ser blindar a los niños y niñas, no dar facilidades a sus agresores».

Por su parte, la diputada Tamara Ramírez emplazó directamente al Jefe de Estado por la debilidad de las medidas frente a criminales de alta peligrosidad, enfatizando el desamparo en que quedan los afectados. “¿En qué momento dejamos de poner las víctimas en el centro de la justicia? Hoy conocemos una situación indignante. 56 condenas por delitos sexuales habrían sido rebajadas. 29 de ellas correspondientes a violadores. Y yo me pregunto ¿quién está pensando en las víctimas hoy? Presidente Kast, usted llegó al gobierno prometiendo seguridad, mano dura contra la delincuencia y protección para las familias chilenas. Entonces, explíquele al país por qué durante su gobierno se están rebajando condenas por delitos sexuales”.

“La seguridad no puede ser solamente un discurso de campaña. La seguridad también significa proteger a nuestros niños, niñas y mujeres de sus agresores. Como diputada, exigiré que se transparenten los fundamentos de estas decisiones. Porque aquí no hablamos de números, hablamos de vidas. Y también hablamos de víctimas marcadas por la violencia sexual. Presidente Kast, Chile merece explicaciones. Y las víctimas necesitan justicia, no discursos”.

Finalmente, el diputado Fabián Ossandón se sumó al fuerte cuestionamiento de la bancada, recalcando el impacto que tiene este tipo de beneficios administrativos en la revictimización de las familias chilenas. “Esto me parece impresentable. Mientras las víctimas cargan durante años con las consecuencias de abusos sexuales y violaciones, sus agresores reciben rebajas de condena. El ministro de Justicia debe explicar al país qué fundamentos respaldan estas decisiones. Como diputado exigiré los antecedentes y si hubo irregularidades, que se determinen responsabilidades. Las víctimas y sus familias merecen que el Estado de Chile siempre esté de su lado”.

Los parlamentarios del Partido de la Gente anunciaron que utilizarán todas las herramientas de fiscalización que les otorga la Constitución para esclarecer el otorgamiento de estas rebajas de pena, sin descartar la citación de las autoridades ministeriales al Congreso para que den explicaciones de cara al país.