Alcaldes valoran aprobación de Ley Corta de Seguridad Municipal, pero exigen recursos directos y menos burocracia para las regiones
Los jefes comunales de Puerto Montt, Mulchén y Quilaco, destacaron que la normativa otorga agilidad, profesionalización y reglas claras para los inspectores. Sin embargo, advirtieron que la falta de financiamiento en arriesgan convertirse en un cuello de botella para las regiones y zonas rurales.
Como un avance significativo, calificaron los alcaldes de Mulchén, José Miguel Muñoz; de Quilaco, Pablo Urrutia; y de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, la reciente aprobación de la Ley Corta de Seguridad Municipal en el Congreso. La nueva normativa permitirá a las municipalidades contratar inspectores de seguridad bajo el Código del Trabajo y les otorgará la calidad de funcionarios públicos con un estatuto de responsabilidad administrativa, buscando agilizar y robustecer los equipos de patrullaje a nivel nacional.
A pesar de valorar la iniciativa, los jefes comunales manifestaron su preocupación por las limitantes de gasto que fija el proyecto. La ley establece que para superar los topes presupuestarios en personal de seguridad, los municipios deberán solicitar autorizaciones excepcionales a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y a la Dirección de Presupuestos (Dipres), un mecanismo que, según las autoridades locales, podría transformarse en una traba burocrática que afecte directamente la prevención del delito en los territorios.
Desde Mulchén, José Miguel Muñoz señaló que “valoramos profundamente que el Congreso haya escuchado nuestras alertas operativas y destrabado este proyecto. Poder contratar inspectores bajo el Código del Trabajo nos dará la agilidad que la ciudadanía nos exige día a día frente a la delincuencia. Sin embargo, hacemos un llamado enérgico al Gobierno: las nuevas atribuciones deben venir acompañadas de recursos frescos directos. De nada nos sirve una ley moderna en el papel si comunas de menor tamaño o rurales debemos competir con presupuestos limitados o entramparnos en excesiva burocracia central ante la Subdere y la Dipres para reforzar nuestros equipos de patrullaje”.
Por su lado, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, fue enfático al decir que “esta reforma soluciona vacíos técnicos urgentes que habrían frenado el combate al delito en las regiones. El reconocimiento de nuestros inspectores municipales en la prevención es un triunfo del municipalismo. Era absolutamente necesario tener reglas claras. Pero lo he dicho siempre: ninguna ley sirve si no viene con recursos. Ahora comienza el desafío real, que es la implementación. Desde Puerto Montt estamos haciendo esfuerzos, con patrullaje preventivo, patrullajes mixtos con Carabineros y fiscalización en terreno, pero necesitamos el financiamiento para implementar esto como corresponde, en terreno, donde los vecinos lo piden. Por eso esperamos que la tramitación de los incrementos de dotación ante la Dipres sea expedita y no se convierta en un cuello de botella. Puerto Montt, como capital regional, como una comuna extensa, con sectores urbanos y rurales, tiene desafíos delictivos complejos. Necesitamos que estas mayores atribuciones se traduzcan en herramientas financieras concretas y en el corto plazo».
El alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, apuntó al principio de equidad territorial y al rol del Estado en el financiamiento de estas nuevas dotaciones de seguridad. «La aprobación de esta ley corta es un paso en la dirección correcta para proteger tanto a nuestros vecinos como a nuestros propios funcionarios, quienes ahora contarán con un estatuto claro de responsabilidad y profesionalización. Con esto respondemos de forma más robusta en el territorio. Pero la seguridad pública es un deber del Estado central, y las municipalidades no podemos absorber solas la carga financiera de estas dotaciones. Esperamos que los criterios de la Subdere para autorizar mayores gastos consideren la extensión territorial y la ruralidad, permitiendo un acceso equitativo a la prevención del delito», sostuvo.
Finalmente, las autoridades comunales concluyeron que el éxito de la ley corta no dependerá únicamente de los cambios contractuales aprobados, sino de la disposición del Ejecutivo para inyectar recursos directos y agilizar los procesos de la administración central, evitando que las trabas administrativas dejen en desventaja a las regiones frente al combate de la delincuencia.
