Con foco en rutas de evacuación y tendido eléctrico: Diputada Lilian Betancurt fiscaliza plan contra incendios en Biobío ante alerta por temperaturas extremas

La parlamentaria del PDG busca conocer el estado de los cortafuegos, la limpieza de caminos, la mantención del tendido eléctrico, la vigilancia preventiva y los recursos disponibles para enfrentar emergencias. La iniciativa surge en una región donde las 33 comunas están expuestas a incendios forestales y 21 han sido identificadas como prioritarias.
La diputada Lilian Betancurt (PDG), representante del Distrito 21 de la Región del Biobío, inició una ofensiva fiscalizadora para conocer el nivel de preparación de las autoridades ante la temporada de incendios forestales 2026-2027. Mediante seis solicitudes de información dirigidas a la Delegación Presidencial Regional, el Gobierno Regional, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la Dirección de Vialidad, Carabineros y la Seremi de Agricultura, la parlamentaria busca establecer qué medidas preventivas se están ejecutando, cuáles son los recursos disponibles y cómo se está protegiendo a las comunidades de mayor riesgo.
La preocupación responde a los antecedentes oficiales que identifican a las 33 comunas del Biobío como territorios expuestos a incendios forestales, de las cuales 21 fueron catalogadas como prioritarias por CONAF, en una región que se mantiene bajo emergencia preventiva.
La iniciativa surge tras los graves episodios registrados durante el verano anterior, particularmente en comunas del Distrito 21. El 10 de enero de 2026, SENAPRED declaró Alerta Roja en Cabrero por un incendio que amenazaba sectores habitados, mientras que el 18 de enero ordenó evacuar Rucahue Sur y Chorrillos, en Laja, debido a un siniestro que alcanzó las 4.123 hectáreas, según el balance oficial del 26 de enero. Frente a este escenario, Betancurt planteó la necesidad de anticiparse a nuevas emergencias y reforzar el trabajo preventivo. “No podemos esperar a que las llamas estén llegando a las casas para recién preguntarnos si los caminos están despejados, si existen cortafuegos o si las instituciones están coordinadas. Nuestra región ya ha sufrido demasiado con los incendios forestales y las familias necesitan certezas, no improvisaciones cuando la emergencia ya está declarada”, señaló.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la coordinación institucional y la disponibilidad de financiamiento. A la Delegación Presidencial, la diputada solicitó informar las medidas adoptadas bajo la declaración de emergencia preventiva, los acuerdos del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la planificación de vigilancia en las comunas del Distrito 21. Paralelamente, requirió al Gobierno Regional antecedentes sobre el avance de los programas de prevención financiados con CONAF, los recursos disponibles para enfrentar emergencias y el apoyo destinado a los municipios mediante maquinaria, equipamiento y camiones aljibe. La solicitud adquiere especial relevancia considerando que, según los antecedentes consignados en el requerimiento, en agosto se informó que los fondos regionales disponibles para emergencias ya habían sido utilizados durante los incendios del verano anterior. Además, se busca esclarecer el alcance de los programas preventivos, distinguiéndolos del convenio cercano a $9.800 millones suscrito con CONAF para recuperar productivamente bosques afectados por incendios.
La mantención de la infraestructura crítica constituye otro de los ejes de la fiscalización. Ante la SEC, Betancurt pidió conocer el cumplimiento de los programas de poda y despeje de vegetación cercana a líneas eléctricas, las fiscalizaciones efectuadas durante 2026 y los planes de contingencia exigidos a las empresas distribuidoras y transmisoras. También solicitó antecedentes sobre incendios forestales asociados a instalaciones eléctricas durante las últimas dos temporadas y eventuales procedimientos sancionatorios. En paralelo, requirió a la Dirección de Vialidad informar los kilómetros de caminos públicos considerados en programas de limpieza y roce de fajas, el estado de las rutas de evacuación y la disponibilidad de maquinaria para construir cortafuegos. La parlamentaria puso especial atención en los caminos rurales y sectores aislados, incluida la comuna de Alto Biobío, donde las vías de acceso resultan fundamentales tanto para evacuar a las familias como para permitir el ingreso de los equipos de emergencia.
En materia de seguridad y prevención territorial, la diputada solicitó a Carabineros detallar los servicios policiales previstos para los días de mayor riesgo, las fiscalizaciones por uso no autorizado del fuego y la capacidad operativa para apoyar evacuaciones coordinadas con SENAPRED, CONAF y Bomberos. También requirió información sobre la dotación disponible en retenes y tenencias rurales, considerando las dificultades de acceso que enfrentan distintas localidades. Por otra parte, pidió a la Seremi de Agricultura precisar las medidas de capacitación y apoyo destinadas a pequeños agricultores y propietarios forestales para realizar limpieza de predios, cortafuegos y manejo de residuos vegetales sin recurrir a quemas. Estas acciones buscan reducir factores de riesgo y fortalecer la protección de familias que viven en zonas rurales cercanas a plantaciones, terrenos agrícolas y áreas de vegetación, especialmente en las provincias de Biobío y Arauco.
Finalmente, Betancurt recordó que el Gobierno presentó el pasado 27 de octubre el Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027, con un presupuesto nacional superior a $166.000 millones, 319 brigadas, 3.778 brigadistas y 77 aeronaves. Si bien reconoció la importancia de estos recursos, insistió en que los anuncios deben traducirse en acciones verificables en las comunas más expuestas. “No basta con anunciar presupuestos, brigadas y aeronaves si no sabemos qué medidas concretas se están ejecutando en nuestras comunas. Queremos conocer dónde se están haciendo las podas, qué caminos se están limpiando, cómo se está apoyando a los municipios y si existen recursos suficientes para responder ante una emergencia. La prevención debe traducirse en trabajo real en terreno, porque detrás de cada incendio hay familias que pueden perder sus viviendas, sus fuentes laborales e incluso sus vidas. Nuestra responsabilidad es anticiparnos y exigir que todas las instituciones cumplan con su labor”, concluyó.
