Solicitan extradición a Israel de ex jueza acusada de participar en red de sustracción de menores durante la dictadura
El ministro Alejandro Aguilar dictó procesamiento y prisión preventiva contra cinco personas, incluyendo a la exjueza Ivonne Gutiérrez Pávez, por su presunta participación en adopciones ilegales ocurridas en San Fernando entre 1970 y 1990.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dictó el procesamiento y ordenó la prisión preventiva de cinco personas por los delitos de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa, en el marco de una investigación por adopciones irregulares ocurridas entre las décadas de 1970 y 1990. Entre los imputados se encuentra la exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando, Ivonne Gutiérrez Pávez, actualmente residiendo en Israel, cuya extradición fue solicitada a la Corte Suprema.
La indagatoria estableció la existencia de una red en San Fernando, integrada por abogados, funcionarios públicos, sacerdotes y la entonces jueza Gutiérrez Pávez, que habría coordinado la entrega de niños de madres vulnerables a matrimonios extranjeros a cambio de sumas que alcanzaban los 50 mil dólares. La exjueza está acusada de autorizar rápidamente la salida del país de uno de los menores y de redactar renuncias a la maternidad con un lenguaje técnico inentendible para las madres, muchas de ellas adolescentes y sin escolaridad.
Las autoridades judiciales sostienen que los hechos ocurrieron principalmente durante la dictadura, periodo en el que se facilitó el funcionamiento de esta red bajo la apariencia de procesos legales de adopción. El procesamiento incluye a funcionarios del sistema de salud y miembros de organizaciones sociales que habrían colaborado en la identificación y traslado de los menores.
Ahora, el proceso de extradición de Gutiérrez Pávez queda en manos de la Corte Suprema, que deberá tramitar el requerimiento con el gobierno de Israel. La solicitud se da en un contexto complejo de relaciones bilaterales, lo que podría dificultar la colaboración internacional necesaria para que la exjueza enfrente la justicia en Chile.
