Fiscalía se prepara para acusar formalmente a Daniel Jadue por presuntos delitos de corrupción en caso Farmacias Populares
El cierre de la investigación marcaría el inicio del juicio oral y podría inhabilitar políticamente al exalcalde de Recoleta, afectando sus aspiraciones parlamentarias.
La Fiscalía Centro Norte está a un paso de presentar una acusación formal en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por presuntos delitos de corrupción vinculados a su gestión en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). La investigación, que se ha extendido por más de cuatro años, entraría así en una nueva etapa judicial, con consecuencias que podrían impactar el futuro político del exjefe comunal, incluida su eventual inhabilitación para postular a cargos de elección popular.
En este contexto, el Ministerio Público solicitó dejar sin efecto una audiencia programada para el 28 de agosto en la que se discutiría una prórroga del plazo investigativo, señalando que ya se cuenta con los informes pendientes, lo que anticipa el cierre de la etapa indagatoria y la presentación de la acusación. Esta situación había sido adelantada en junio por la fiscal principal del caso, Giovanna Herrera, quien informó que el libelo acusatorio estaba en construcción.
Con la acusación en curso, se complican los planes de Jadue de oficializar una candidatura parlamentaria. Su defensa anterior había argumentado que aún quedaban diligencias por realizar, impidiendo una acusación formal, pero tras su renuncia, la representación del exalcalde quedó en manos de la Defensoría Penal Pública. Este cambio ha sido interpretado por algunos como una posible maniobra para dilatar el proceso, ya que se podrían solicitar nuevas diligencias y un eventual aumento de plazo.
Desde el equipo querellante, se sostiene que las diligencias ya están concluidas y que existen pruebas suficientes para acreditar la participación activa de Jadue en los hechos investigados. La parte denunciante espera que el Ministerio Público concrete la acusación, se lleve a cabo el juicio oral y se imponga una condena que, además de sancionar penalmente al exalcalde, permita reparar los daños provocados por la presunta defraudación.
