Contraloría detecta graves deficiencias en control del tráfico de especies en Chile
La Contraloría General de la República reveló fallas en la implementación de la Ley CITES por parte de CONAF, SAG, SERNAPESCA y Aduanas, y derivó los antecedentes al Ministerio Público para su investigación.
La Contraloría General de la República, mediante auditorías realizadas entre 2024 y 2025 por el Departamento de Medio Ambiente y Obras Públicas, detectó irregularidades en la aplicación de la Ley N° 20.962 que incorpora la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Los servicios fiscalizados fueron la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y el Servicio Nacional de Aduanas, evaluando su rol como autoridades administrativas y de observancia en la protección de la biodiversidad.
Entre los principales hallazgos, se observó que los servicios emitieron permisos de exportación y certificados de reexportación de especies protegidas sin el pronunciamiento de la autoridad científica ni la verificación de la legalidad de los especímenes, además de graves deficiencias en la custodia de ejemplares incautados, incluyendo cactáceas, pieles de serpiente, charangos, caimanes y otros animales disecados. En el caso del SAG, no existía un registro integrado de incautaciones ni constancia de entrega de los ejemplares vivos a tenedores autorizados, mientras que Aduanas archivó procesos sin denunciar al Ministerio Público, pese a detectar especies protegidas.
SERNAPESCA también presentó irregularidades al entregar caballitos de mar, almejas gigantes, corales y caracolas a instituciones como municipalidades, escuelas y universidades sin autorización, y las autoridades proporcionaron información incorrecta a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para los informes anuales requeridos por la Secretaría CITES, omitiendo permisos o incluyendo datos erróneos.
Frente a estas deficiencias, la Contraloría instruyó a los servicios iniciar procedimientos disciplinarios, adoptando medidas correctivas para mejorar la gestión, la fiscalización y el control del comercio de especies, y remitió los antecedentes al Ministerio Público, concluyendo que la falta de coordinación y cumplimiento de estándares internacionales debilita los esfuerzos del Estado chileno en la protección de su biodiversidad y en la lucha contra el tráfico ilegal de especies.
