Gobierno ingresará reforma para permitir despliegue militar en la frontera sin autorización del Congreso
La iniciativa busca dar estabilidad al resguardo fronterizo y eliminar la necesidad de renovar cada 90 días la autorización parlamentaria, aunque genera divisiones tanto en la oposición como en el oficialismo.
El Gobierno presentará la próxima semana una reforma constitucional que permitirá al Presidente de la República desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera mediante decreto supremo, sin requerir la autorización periódica del Congreso. El objetivo es otorgar estabilidad a un mecanismo que hasta ahora depende de renovaciones cada 90 días y que ha sido clave para reforzar el control migratorio y enfrentar el crimen organizado en la macrozona norte.
Desde Roma, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, confirmó que el Ejecutivo concretará esta iniciativa en los próximos días, dando cumplimiento al anuncio realizado por el Presidente en su visita a Colchane. La autoridad explicó que, tras el retorno del viaje oficial, el proyecto será ingresado al Parlamento para fortalecer la protección de las zonas fronterizas, en medio de un debate político que cruza a todos los sectores.
En la oposición, las críticas no se hicieron esperar. Desde la Comisión de Defensa de la Cámara, el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, adelantó su rechazo al proyecto y advirtió que la medida busca debilitar los contrapesos institucionales. Según el parlamentario, Chile no puede avanzar hacia un modelo hiperpresidencialista y debe mantener el equilibrio entre los poderes del Estado. En la misma línea, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, acusó al Gobierno de llegar tarde con la reforma y de usarla con fines electorales, señalando que no basta con un anuncio, sino que se deben otorgar atribuciones reales y respaldo político a las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI.
En el oficialismo, la propuesta también genera tensiones. Algunos sectores del Frente Amplio han manifestado reparos por considerar que se trata de un giro hacia una lógica más presidencialista, mientras que en el Partido Comunista existen dudas respecto de la constitucionalidad y el alcance del uso de las Fuerzas Armadas sin control parlamentario. La reforma, al eliminar la obligación de renovar la autorización del Congreso cada 90 días, pone a prueba la cohesión interna del bloque que respalda al Ejecutivo y abre un nuevo frente de debate sobre el equilibrio entre seguridad y control democrático.
