INE desmiente fake news sobre el Censo 2024 y aclara confidencialidad de los datos
El organismo aseguró que la información recopilada está protegida por ley y rechazó versiones difundidas en redes sociales sobre supuestos usos indebidos de los antecedentes entregados por las familias.
Con el avance del Censo 2024 en todo el país, el Instituto Nacional de Estadísticas salió al paso de diversas fake news que han circulado en redes sociales respecto a las preguntas incluidas en el cuestionario censal. Una de las principales desinformaciones apunta a la pregunta número 3, relacionada con el estado de ocupación de las viviendas, donde algunos usuarios afirmaban falsamente que el objetivo sería identificar inmuebles para eventuales reasignaciones por parte del Estado.
La institución aclaró que dicha interpretación es completamente errónea y recordó que la información recopilada durante el proceso está protegida por la Ley 17.374, normativa que impide compartir datos personales o específicos con otros organismos públicos o privados. El INE enfatizó que no puede divulgar antecedentes como nombres, domicilios u otros datos que permitan identificar a personas o viviendas, agregando que las infracciones a esta normativa contemplan penas de cárcel y multas.
Otra de las informaciones falsas difundidas en plataformas digitales sostiene que la pregunta número 16, donde se solicita el nombre completo de quienes integran el hogar, sería ilegal e inconstitucional. Sin embargo, el cuestionario mantiene una práctica histórica aplicada en censos anteriores realizados en Chile. De hecho, consultas similares fueron incorporadas en los procesos censales de 1992, 2002, 2012 y 2017, según explicaron expertos y miembros del Consejo Asesor del Censo.
El académico Ignacio Irarrázaval, integrante del Consejo Asesor del Censo, explicó que la solicitud de nombres se utiliza desde hace décadas para fines estadísticos y de organización de la información. En la misma línea, el investigador Gaspar Jenkins sostuvo que la legislación vigente obliga a las personas a responder el Censo, pero también establece estrictas restricciones al uso de esos datos, por lo que descartó que exista alguna inconstitucionalidad en las preguntas incorporadas en el proceso 2024.
