Diputados del PDG exigen flexibilizar tarifas del TAG y peajes urbanos para aliviar el bolsillo de la clase media
Los parlamentarios Ossandón, Briones, Arroyo y Ramírez respaldaron las demandas de los usuarios frecuentes y propusieron implementar tarifas diferenciadas, sistemas de prepago con descuento y tarjetas de identificación comunal para residentes.
Una profunda reforma al sistema de cobros de las autopistas urbanas concesionadas solicitaron los diputados del Partido de la Gente (PDG) Fabián Ossandón, Patricio Briones, Roberto Arroyo y Tamara Ramírez. Los parlamentarios se hicieron eco del malestar de miles de automovilistas que diariamente deben utilizar estas vías para trasladarse entre sus hogares y sus puestos de trabajo, enfrentando costos que se han transformado en una verdadera barrera económica para la movilidad.
El legislador Fabián Ossandón, integrante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, señaló que “como ingeniero civil y como diputado, creo que llegó el momento de discutir cómo este sistema también puede aliviar el bolsillo de la gente y, especialmente, de nuestra clase media. Podemos estudiar descuentos para usuarios frecuentes, tarifas diferenciadas, planes mensuales o topes de gasto para quienes necesitan usar estas autopistas todos los días para ir a trabajar. No queremos poner en riesgo las concesiones ni la inversión; queremos poner los números sobre la mesa y buscar soluciones responsables. Porque la clase media paga el TAG, paga el peaje, paga el combustible y termina pagando todo. También merece un alivio”.
En la misma línea, Patricio Briones fue enfático al decir que “el TAG y los peajes urbanos dejaron de ser un cobro por un servicio para transformarse en un impuesto encubierto a la movilidad. No es justo que miles de familias deban pagar todos los días para desplazarse hacia sus hogares. Apoyamos con fuerza la propuesta de implementar tarifas diferenciadas por uso frecuente y un sistema de prepago con descuentos reales. La conectividad no puede seguir siendo un privilegio de pocos a costa del bolsillo de la clase media”.
Por su parte, Roberto Arroyo afirmó que “hay vecinos que viven al lado de una autopista concesionada y deben pagar a diario simplemente para salir de sus comunas hacia sus trabajos. Respaldamos plenamente la creación de una tarjeta de identificación comunal que bonifique el valor del peaje a los residentes rezagados por estas rutas. La infraestructura pública debe mejorar la calidad de vida, no segmentar la ciudad ni aislar a las personas por razones económicas. Hay que flexibilizar los contratos vigentes y exigir convenios de abono mensual que hagan compatible el uso cotidiano de las vías con los ingresos de los chilenos”.
Finalmente, Tamara Ramírez afirmó que “el uso de autopistas urbanas en Santiago ya no es un lujo, es una necesidad diaria para trabajar y estudiar. Apoyamos firmemente la demanda de los usuarios, ya que no podemos permitir que los peajes sigan operando como una barrera invisible que segrega la ciudad y castiga el bolsillo de la clase media. Exigimos a las concesionarias y al Ministerio de Obras Públicas avanzar hacia tarifas diferenciadas y rebajas concretas para los residentes de las comunas afectadas. Moverse por Santiago no puede costar un segundo sueldo”.
