Ley Ricarte Soto bajo la lupa: Diputados PDG exigen por escrito que ningún paciente quede sin cobertura en 2027
Los parlamentarios Ossandón y Arroyo anunciaron que llevarán el tema a la discusión presupuestaria para exigir explicaciones sobre la reducción de recursos contemplada para tratamientos de alto costo. Aunque el Ministerio de Salud aseguró que se trata de un ajuste técnico y que las prestaciones vigentes están garantizadas por ley, los parlamentarios pedirán que ese compromiso quede establecido formalmente y que también se asegure la atención de nuevos pacientes.
Los diputados Fabián Ossandón (PDG) y Roberto Arroyo (PDG) manifestaron su preocupación por la reducción de recursos que registra el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, conocido como Ley Ricarte Soto, en el proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa contempla una partida de $166.951 millones para el próximo año, frente a los $189.696 millones nominales asignados en 2026. Esto representa una disminución de aproximadamente $22.745 millones; sin embargo, al ajustar los montos a pesos comparables de 2027 (donde el presupuesto anterior equivale a cerca de $195.159 millones), la diferencia alcanza una caída de $28.208 millones, lo que significa un retroceso en torno al 14,5% real.
“Revisando el Presupuesto de la Nación 2027 encontramos un recorte por más de $28.000 millones a la Ley Ricarte Soto. Y cuando se trata de salud, no podemos mirar para el lado. Estamos hablando de familias que dependen de esta cobertura para financiar enfermedades de alto costo. Vamos como bancada, como la Bancada de la Gente, como la bancada que defiende a la clase media y a la clase media emergente, a llevar este tema a la subcomisión de Presupuesto para pedir explicaciones, para preguntar qué ocurrió, cuáles fueron los fundamentos técnicos para justificar este recorte. Vamos a pedir también el compromiso para que el año 2027 ningún paciente quede sin su cobertura y, de igual manera, vamos a pedir que se nos garantice que los nuevos pacientes puedan ser atendidos. En salud, la responsabilidad fiscal no puede significar recortes”, señaló Ossandón.
Por su lado, Roberto Arroyo, integrante de la Comisión de Salud, puso el foco en las consecuencias económicas que enfrentan los hogares ante enfermedades de alto costo. “Cualquier reducción que pueda tener esta ley, obviamente va a afectar a las personas, personas que en su familia se empobrecen porque la mayoría se transforman en cuidadores de los propios enfermos en esta familia. Y por eso es que el Estado nace con esta ley para poder protegerlos. Y cualquier reducción va a significar una alteración también de la familia que hoy día utiliza esta ley para su protección”, señaló.
La ministra de Salud, May Chomali, aseguró este miércoles que la disminución presupuestaria responde a “tecnicismos” y sostuvo que los pacientes que cumplan con los requisitos para acceder a alguno de los tratamientos actualmente cubiertos recibirán sus medicamentos. La secretaria de Estado explicó que el gasto efectivo de la ley supera desde hace años los recursos inicialmente asignados y que el Ministerio está obligado legalmente a financiar esas prestaciones. Sin embargo, también reconoció problemas de sustentabilidad y señaló que no es posible incorporar nuevas patologías mientras no se modifique el mecanismo de financiamiento.
Frente a esa explicación, Ossandón afirmó que la bancada insistirá en obtener garantías formales. “Las palabras se las lleva el viento y, por supuesto, desde el rol que cumplimos como bancada del PDG, vamos a solicitar por escrito que se garanticen estos recursos para el año 2027, que si este recorte es un tecnicismo, quede fundamentado por escrito como debe ser”.
Finalmente, los legisladores plantearon la inquietud directamente a la ministra y que ahora llevarán el requerimiento a las instancias formales del debate presupuestario. En paralelo, permanece en segundo trámite constitucional en el Senado el proyecto que modifica la Ley Ricarte Soto para fortalecer la sustentabilidad financiera del fondo.
