Comisión de Educación aprueba en general proyecto de la diputada Paz Charpentier que busca regular a los apoderados y evitar instrumentalización política

La iniciativa, encabezada por la parlamentaria republicana, busca establecer legalmente quiénes pueden ejercer como apoderados, priorizando a padres, madres, tutores y cuidadores legales. El proyecto avanzó en su primer trámite constitucional y ahora deberá continuar su discusión en particular, proceso para el cual el Ejecutivo manifestó disposición a colaborar.

La diputada Paz Charpentier (REP), integrante de la Comisión de Educación, valoró la aprobación en general del proyecto que modifica la Ley General de Educación para regular la figura de los apoderados en el sistema escolar. La moción, correspondiente al boletín 18.461-04. La propuesta se encuentra en primer trámite constitucional y busca llenar un vacío que, según sus autores, existe actualmente respecto de quién puede asumir formalmente la representación de un estudiante.

“Quiero partir agradeciéndole a todos los miembros de la comisión que votaron a favor. También agradezco al subsecretario su presencia y su manifestación de voluntad en orden a continuar adelante con la tramitación de este proyecto, porque esta votación habla de muchas cosas, pero fundamentalmente de que, por fin, en este periodo legislativo, se ha puesto en el centro la educación de los niños, el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos y también el fortalecimiento de la familia, que debe formar parte del proceso educativo”, sostuvo Charpentier. La parlamentaria agregó que “esa es la inspiración original y más esencial de este proyecto”.

Por su parte, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, valoró la propuesta durante su intervención del pasado 11 de agosto, cuando comenzó la tramitación de la iniciativa, y sostuvo que “es un proyecto valioso, que nosotros también valoramos y que vemos a bien que la comisión haya puesto en tabla”. Asimismo, planteó la importancia de evitar el uso indebido de la figura del apoderado, sin perjudicar a quienes asumen voluntariamente esa responsabilidad por razones de solidaridad o cuidado. En ese sentido, agregó que “si hay personas dispuestas, no deberíamos nosotros impedirlo, sino más bien obviamente evitar el mal uso”.

El proyecto plantea que la representación del estudiante recaiga prioritariamente en el padre o la madre y, subsidiariamente, en su tutor o cuidador legal. También contempla que otra persona pueda ejercer como apoderado mediante una autorización formal y establece límites para quienes representan simultáneamente a estudiantes de distintos grupos familiares. Charpentier ha sostenido que uno de sus objetivos es evitar la existencia de los denominados “apoderados profesionales” o terceros sin vínculo familiar que puedan intervenir en los procesos formativos con fines políticos, criminales o de otra naturaleza.

“Es un proyecto que va a contribuir enormemente a evitar la instrumentalización de menores, ya sea con fines políticos o criminales en distintos establecimientos educativos. Hemos sido testigos en las últimas semanas de cómo la violencia, muy especialmente en los liceos emblemáticos, está instalada de la mano o amparada por apoderados que en muchos casos no tienen vínculo familiar alguno con los estudiantes”, afirmó. En esa línea, añadió que “este proyecto no es ambicioso para nada, es muy básico. Pone principios que son fundamentales y estamos completamente abiertos los autores a mejorarlo en todo lo que sea pertinente, de la mano del Ejecutivo, con el ánimo de no generar problemas, sino de darle un espacio a los padres y a la familia en el proceso formativo”.

La discusión ha incluido audiencias con el Superintendente de Educación, especialistas en convivencia escolar, representantes del SLEP Santiago Centro, UNICEF y la periodista María José Olea, autora de La revolución estudiantil, investigación que aborda la eventual participación de adultos en episodios de violencia en establecimientos educacionales.