Diputados PDG del Bío Bío exigen investigar suspensión de funcionario que denunció medicamentos vencidos en Coronel y anuncian fiscalización regional
Los parlamentarios Lilian Betancurt, Patricio Briones y Roberto Arroyo calificaron el hecho como una «denuncia delicada que podría afectar la salud de las personas» y anunciaron una ofensiva fiscalizadora mediante oficios dirigidos a las autoridades de salud del Bío Bío.
Una profunda preocupación y un enérgico llamado de alerta manifestaron los diputados del Partido de la Gente (PDG) por la región del Bío Bío Lilian Betancurt, Patricio Briones y Roberto Arroyo, tras conocerse la suspensión de César Leal, funcionario de la Dirección de Salud (DAS) de Coronel, quien fue sancionado luego de denunciar el presunto uso de medicamentos vencidos en los recintos asistenciales de la comuna.
Para los legisladores la situación reviste la máxima gravedad, toda vez que se trata de una denuncia sumamente delicada que impacta de manera directa en la seguridad sanitaria de la población. En ese sentido, recalcaron que resulta imperativo investigar a fondo tanto el estado real y manejo de los fármacos denunciados, como la regularidad del proceso administrativo que terminó por castigar al trabajador, lo que a juicio de la bancada regional levanta serias sospechas de represalias y persecución laboral.
Con el objetivo de esclarecer estos hechos y garantizar estándares de seguridad en la zona, los parlamentarios anunciaron la presentación de una serie de oficios dirigidos a las autoridades de salud regional, acciones fiscalizadoras a través de las cuales se exigirán informes detallados respecto del correcto uso, los mecanismos de mantenimiento, las pautas de revisión de fechas de vencimiento y el control efectivo del stock de medicamentos en todos los recintos de la red de salud pública de la Región del Bío Bío.
Al respecto, la diputada Lilian Betancurt, integrante de la comisión de Salud, fue tajante en señalar que “es absolutamente impresentable que un funcionario público termine suspendido de sus funciones tras tener la valentía de alertar sobre un hecho tan grave como el uso de medicamentos vencidos. En el sistema público, nuestra prioridad absoluta debe ser siempre resguardar la salud y la vida de las personas. Por ello, exigimos que se investigue a fondo tanto la denuncia original como la validez y el trasfondo de esta sanción, la cual parece una persecución inaceptable. Con este objetivo, oficiaremos de inmediato a las autoridades de salud regional para que transparenten el manejo de los protocolos, el almacenamiento y el control de las fechas de vencimiento de los fármacos en toda la red pública de la Región del Bío Bío”.
Por su parte, el diputado Patricio Briones argumentó el peligro que revisten estas medidas disciplinarias para la transparencia institucional. “La persecución a los denunciantes genera un precedente nefasto para la transparencia pública, por lo que la denuncia de este trabajador de la DAS de Coronel apunta a un riesgo directo para la vida de los pacientes, y eso requiere una fiscalización profunda, no un manto de dudas o castigos. Como diputado de la región, no me quedaré de brazos cruzados, por lo que oficiaré a los organismos de salud correspondientes para que rindan cuentas sobre el control de stock, las revisiones periódicas, medidas de mantenimiento y las condiciones de almacenamiento de medicamentos en los recintos de nuestra región”.
Finalmente, el diputado Roberto Arroyo, también integrante de la comisión de Salud, enfatizó en la necesidad de devolver la certeza y la confianza a los usuarios del sistema de salud, ya que “cuando un funcionario público denuncia irregularidades que afectan la salud de la comunidad, el deber de la autoridad es investigar el hecho, no acallar al denunciante. Nos preocupa enormemente que este sumario deje una sensación de represalia. Para asegurar la tranquilidad de los vecinos, solicitaremos vía oficio un informe exhaustivo sobre el estado real, la vigencia y los sistemas de auditoría de los medicamentos en la red de salud del Bío Bío. La salud pública no puede resistir negligencias ni falta de transparencia”.
