Diputada Lilian Betancurt propone exigir tres años de experiencia para asesores y jefaturas del Estado
La parlamentaria del PDG presentó una reforma constitucional que establece un piso mínimo de experiencia profesional para quienes desempeñen funciones directivas, de jefatura o asesoría en ministerios, subsecretarías y servicios públicos. La iniciativa surge tras los cuestionamientos por recientes contrataciones de profesionales recién titulados en cargos de responsabilidad.
La diputada Lilian Betancurt (PDG), representante del Distrito 21, presentó un proyecto para modificar el artículo 38 de la Constitución y exigir al menos tres años de experiencia profesional en el área correspondiente a quienes sean contratados o designados como asesores, jefaturas o directivos del Estado, independientemente de la modalidad contractual utilizada. La propuesta busca cerrar un vacío que deja estas funciones fuera de las exigencias de experiencia que sí existen para la Alta Dirección Pública.
La iniciativa surge luego de una serie de nombramientos conocidos durante agosto de profesionales recién titulados o con escasa trayectoria en funciones de responsabilidad en distintas reparticiones del Gobierno. “Esto no se trata de cerrarle las puertas del Estado a los jóvenes, sino de establecer un estándar mínimo para cargos que implican asesorar decisiones importantes y administrar responsabilidades públicas. Tres años de experiencia es una exigencia razonable para garantizar que el mérito, la preparación y la idoneidad estén por delante de cualquier cercanía política”, sostuvo Betancurt.
El proyecto fija un requisito inferior a los cinco años que actualmente contempla la Alta Dirección Pública y establece que la experiencia deberá corresponder específicamente al área o función que desempeñará la persona. La exigencia alcanzaría a ministerios, subsecretarías y servicios públicos, incluso cuando las contrataciones se realicen a honorarios, evitando que la modalidad contractual permita eludir el nuevo estándar.
La reforma exceptúa a ministros, subsecretarios y delegados presidenciales regionales y provinciales, por tratarse de cargos de naturaleza política cuya designación depende directamente del Presidente de la República. Además, no tendrá efecto retroactivo y solo se aplicará a nombramientos realizados después de su eventual entrada en vigencia.
