Contraloría delega en la justicia la disputa sobre la “confianza legítima” en contratas de funcionarios públicos
La nueva contralora de la República, Dorothy Pérez, emitió su primer dictamen tras ser confirmada en el cargo por el Senado. En su resolución, Pérez determinó que la Contraloría General de la República (CGR) ya no intervendrá en disputas sobre la “confianza legítima” de los funcionarios contratados bajo la modalidad de contrata. De este modo, la CGR delega a los tribunales de justicia la decisión sobre el plazo necesario para que esta estabilidad laboral sea aplicable, en un tema que ha generado controversia entre las entidades públicas y sus empleados.
Este cambio responde a recientes fallos de la Corte Suprema, que desde 2022 ha establecido que la confianza legítima para trabajadores a contrata se configura tras cinco años de servicio, un giro en relación con fallos previos de la CGR y del propio tribunal, que establecían dicho periodo en solo dos años. Ante este escenario judicial, la CGR optó por desvincularse del asunto, señalando que esta controversia ha “devinido en litigiosa”, lo que impide su intervención según la Ley Orgánica de la institución.
La decisión de la Contraloría generó críticas en el ámbito sindical. José Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), calificó el dictamen como “un retroceso” y una medida que “precariza aún más la estabilidad laboral de los empleados públicos”. Por su parte, el abogado Alberto Pretch, de Transparencia Internacional, subrayó que este cambio es significativo, ya que los funcionarios deberán acudir directamente a los tribunales en lugar de recurrir a la CGR para proteger su estabilidad.
A pesar de las críticas, la ANEF anunció que continuará abordando el tema de la “confianza legítima” en su negociación con el gobierno, apuntando a establecer normas legales que otorguen estabilidad laboral de manera permanente.
