Municipalidad de Linares enfrenta millonaria deuda por negligencias administrativas
Más de 1.100 millones de pesos deberá pagar el municipio tras perder 12 juicios civiles. Oficios internos y falta de respuestas revelan un profundo desorden en la gestión financiera.
Un duro revés judicial continúa golpeando las arcas municipales de Linares. A través de un oficio enviado al Ministerio Público, la administración local expuso su preocupación por 12 juicios civiles de cobro ejecutivo que condenan a la municipalidad a pagar más de 1.100 millones de pesos. La raíz del problema estaría en una serie de negligencias administrativas, ya que ninguna unidad municipal objetó las facturas dentro del plazo legal correspondiente, lo que dejó al municipio sin defensa ante las demandas.
En un correo electrónico del 16 de agosto de 2024, el asesor jurídico Gonzalo Rebolledo advirtió que las áreas de finanzas del municipio y de los departamentos de educación y salud no respondieron a los requerimientos de información sobre el estado de diversas facturas en proceso judicial. Frente a esta omisión, propuso iniciar procedimientos disciplinarios y evaluar posibles denuncias. Ese mismo día, el administrador municipal Fabián Poblete respaldó la necesidad de un sumario administrativo. Sin embargo, más de siete meses después, no se han registrado avances ni se han identificado responsables.
Desde el ámbito judicial, el abogado linarense Salvador Concha analizó los antecedentes del caso y concluyó que el municipio se enfrenta a una grave crisis administrativa y contable. En su evaluación, la falta de solicitudes formales por parte del municipio respecto a los servicios facturados ha debilitado completamente la defensa jurídica en los tribunales, dejando al departamento legal sin herramientas para responder a los cobros.
El oficio enviado al Ministerio Público también plantea dudas sobre la autenticidad de las facturas, por lo que se solicita una investigación que permita establecer si estas fueron emitidas legalmente. Para Concha, esta acción debe analizarse no solo desde el punto de vista jurídico, sino también considerando la responsabilidad política del alcalde como máxima autoridad administrativa. A su juicio, la situación podría configurar un notable abandono de deberes, materia que ya está siendo evaluada por el Tribunal Electoral tras una presentación realizada por los concejales del periodo anterior.
