Ingresan proyecto de ley para realizar test de drogas anuales y aleatorios en FFAA, Carabineros y PDI
La iniciativa, impulsada por diputadas del Frente Amplio, busca prevenir la infiltración del narcotráfico en instituciones armadas y de orden, estableciendo controles obligatorios para toda su dotación.
Este miércoles ingresó a primer trámite constitucional un proyecto de ley que modifica la Ley 20.000, con el objetivo de establecer la realización anual y aleatoria de test de consumo de drogas en todo el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones. La propuesta implica un cambio en el artículo 14 de dicha norma, asignando a las autoridades superiores de cada institución la responsabilidad de ordenar estos controles conforme a un reglamento específico.
La diputada Gael Yeomans, promotora de la iniciativa, explicó que si bien actualmente existe una obligación general de realizar test de drogas en las FFAA, no se especifica la periodicidad, lo que ha generado vacíos en su aplicación. Entre 2015 y 2019, por ejemplo, sólo se realizaron 840 controles en la PDI, cifra considerada insuficiente considerando los más de 2.000 funcionarios activos en ese período.
El proyecto responde a la creciente preocupación por los casos de narcotráfico que han involucrado a funcionarios de instituciones encargadas de la seguridad pública, por lo que se busca establecer un mecanismo de control regular, obligatorio y transversal, que permita prevenir el uso indebido de estupefacientes en sus filas. La iniciativa ya fue derivada a la Comisión de Defensa, donde se espera su pronta discusión en tabla.
Junto a esta propuesta, las diputadas Gael Yeomans y Lorena Fries anunciaron que presentarán una indicación complementaria para agilizar el levantamiento del secreto bancario, sin necesidad de pasar por tribunales de justicia. Esta medida, actualmente discutida en el marco del proyecto de Ley de Inteligencia Económica en la Comisión de Seguridad, busca reforzar las herramientas estatales para combatir de manera más eficiente la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas y de seguridad.
