Diputados oficialistas exigen que Contraloría audite polémico concurso de «última hora» en Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Los parlamentarios Arroyo, Orrego y Del Real oficiaron al órgano fiscalizador para investigar la contratación en planta de una exasesora del exsubsecretario Galo Eidelstein, quien accedió a un sueldo de $3 millones tras un cuestionado proceso.
Los diputados Roberto Arroyo (IND), Francisco Orrego (RN) y Catalina del Real (Republicana) ingresaron un oficio formal ante la Contraloría General de la República solicitando una auditoría urgente y un pronunciamiento sobre el concurso público que dejó en un cargo de planta a una exasesora del anterior subsecretario Galo Eidelstein (PC), con un sueldo de $3 millones.
El requerimiento apunta a esclarecer las condiciones en que se desarrolló el proceso para proveer el cargo de Jefa del Departamento de Estudios y Análisis en la fase final del anterior mandato presidencial. Esto ocurrió en medio de cuestionamientos públicos por contratos de «última hora».
El diputado Roberto Arroyo (Indep) señaló que «la ciudadanía exige total transparencia y el fin de los amarres políticos. No podemos permitir que el aparato estatal se utilice como un refugio de confianza para quienes terminan un gobierno. Queremos que Contraloría revise con lupa si estas bases concursales se diseñaron a la medida de una persona o si realmente se respetó el mérito de los otros postulantes».
En la misma línea, el legislador Francisco Orrego (RN) sostuvo que “es impresentable que en los últimos meses de una administración se consoliden cargos de confianza política en puestos permanentes de planta. El amiguismo y el uso de recursos públicos para asegurar sueldos millonarios debe ser investigado a fondo».
Por su parte, la diputada Catalina del Real enfatizó que «el acceso al empleo público debe regirse estrictamente por los principios de probidad, igualdad de oportunidades y mérito. Que la ganadora sea la asesora directa de la autoridad que lideraba el servicio levanta sospechas evidentes de un conflicto de interés. Necesitamos que Contraloría determine si hubo trajes a la medida y aplique las sanciones correspondientes».
El oficio parlamentario exige al órgano contralor revisar la legalidad de las bases técnicas, los antecedentes y si la contratación cumple con el Estatuto Administrativo y la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.
