Diputados de la Comisión de Obras Públicas y Transportes cuestionan acuerdo del TAG por extensión de concesión y apuntan a exclusión de regiones
Los parlamentarios Ossandón (PDG) y Pérez (Indep-UDI) pusieron reparos a las condiciones pactadas para reducir las tarifas de Autopista Central y solicitaron transparentar el beneficio económico real para los usuarios, cuestionando que, hasta ahora, las rebajas estén concentradas exclusivamente en Santiago.
Los diputados Fabián Ossandón (PDG) y Marlene Pérez (UDI), ambos integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, cuestionaron las condiciones del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Autopista Central para reducir entre 10% y 25% las tarifas del TAG. Pérez forma además parte de la Comisión Especial Investigadora sobre concesión de autopistas y determinación de peajes y TAG. El convenio considera una rebaja de 10% en horario normal y de 25% en períodos punta y de saturación para quienes paguen dentro de los primeros 60 días, a cambio de prolongar por 20 meses la concesión, que pasaría de agosto de 2034 a abril de 2036.
Ossandón anunció que solicitará los antecedentes del acuerdo para establecer cuánto representa realmente el beneficio y cuáles serán sus efectos para la concesionaria. “Todo aporte que llegue al bolsillo de la gente siempre será bienvenido, pero este acuerdo por la rebaja del TAG me tiene muy decepcionado. Su letra chica deja demasiadas dudas. La clase media y la clase media emergente llevan años pagando caro por todo. Como diputado de la Región de Antofagasta e integrante de la Comisión de Obras Públicas, solicitaré los antecedentes completos de este acuerdo”, sostuvo. El parlamentario agregó que “quiero saber cuánto ahorrará realmente la gente y cuánto han ganado y seguirán ganando las concesionarias. Porque en este negocio del TAG, la gente también tiene que ganar, y ganar de verdad. Ya basta de migajas”.
El acuerdo beneficiaría, según el Ejecutivo, a cerca de 1,7 millones de usuarios mensuales de una autopista que recorre aproximadamente 70 kilómetros y atraviesa 15 comunas de la Región Metropolitana. La modificación contractual todavía debe completar su revisión administrativa y el Gobierno proyecta que empiece a operar el 1 de enero de 2027. Por ahora, Autopista Central, controlada por VíasChile, filial de la española Abertis, es la única concesionaria que aceptó una rebaja. El MOP mantiene conversaciones con Costanera Norte, Vespucio Norte y Vespucio Sur, mientras las empresas han planteado también la necesidad de abordar la morosidad acumulada por el sistema.
Pérez apuntó, en tanto, a que este tipo de medidas no quede limitado a la capital. “Es una buena noticia para Santiago la rebaja del TAG, pero es una mala noticia para regiones. Exigimos que se extienda, especialmente para la Región del Biobío. Las personas están cansadas de pagar peajes abusivos para trasladarse a trabajar o a estudiar”, afirmó. La diputada añadió que “el centralismo no puede seguir asfixiando la economía de las familias del sur. Si hay voluntad política para financiar el TAG en Santiago, esa misma voluntad debe aplicarse también en la Región del Biobío y en todo el país”.
El cuestionamiento regional adquiere relevancia porque el acuerdo anunciado hasta ahora se aplica exclusivamente a Autopista Central y no contempla concesiones de otras regiones. La propia Comisión Especial Investigadora que integra Pérez tiene entre sus objetivos revisar los contratos de concesión, las fórmulas utilizadas para determinar peajes y TAG, los ingresos de las empresas y la transparencia de las renegociaciones. Ossandón y Pérez plantearon que cualquier nueva rebaja debería evaluar conjuntamente el ahorro efectivo para los usuarios, las compensaciones entregadas a las concesionarias y la posibilidad de extender beneficios similares fuera de Santiago.
