Parlamentarios del Partido Republicano, Chile Vamos y libertarios presentaron proyecto de ley para restringir pensiones de gracia
La iniciativa, liderada por la diputada Javiera Rodríguez, busca terminar con la discrecionalidad del beneficio mediante estrictas inhabilidades por antecedentes penales y causales automáticas de término para proteger los recursos públicos.
Una ofensiva legislativa transversal presentaron parlamentarios de las bancadas del Partido Republicano, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Nacional Libertario (PNL), encabezados por la diputada Javiera Rodríguez, que busca modificar la normativa vigente para restringir severamente e impulsar el término de las pensiones de gracia en algunos casos, incorporando nuevas exigencias, inhabilidades y causales de revocación que hoy no están contempladas en la legislación chilena.
El proyecto de ley surge tras los cuestionamientos por la entrega de estos aportes estatales a personas con prontuario policial. Al respecto, los autores del proyecto enfatizaron que el beneficio, financiado con impuestos de todos los chilenos, debe recuperar su espíritu original de ayuda excepcional, alejándolo de criterios políticos o de discrecionalidad absoluta del Ejecutivo.
“Junto a diferentes bancadas de partidos como la UDI, PNL, republicanos y también estamos esperando que se sumen miembros del Partido de la Gente, hemos presentado un proyecto de ley que busca restringir las pensiones de gracia, aportando inhabilidades tales como antecedentes, haber omitido algunos antecedentes médicos y una serie de casos que podrían hacer cuestionable la entrega de este beneficio”, señaló la diputada Rodríguez.
La parlamentaria fundamentó la urgencia de legislar apuntando directamente a las irregularidades detectadas en las asignaciones posteriores a los desmanes ocurridos desde octubre de 2019. “Presentamos este proyecto porque las pensiones de gracia hace tiempo han estado en tela de juicio, sobre todo pensando en lo que fue el estallido delictual en donde estas pensiones fueron entregadas directamente a personas que tenían antecedentes penales y que después de haber sido entregadas, incluso las personas siguieron cometiendo delitos, afectando obviamente la honra no solamente de nuestro país, sino que también de los carabineros que fueron los principales afectados del estallido social”, indicó.
Finalmente, Rodríguez emplazó al Gobierno y al Congreso a ampliar el debate técnico para dotar al Estado de mecanismos institucionales que impidan el mal uso del erario nacional. “Como diputados de diferentes bancadas hemos querido ser proactivos, sabemos que el gobierno está trabajando en terminar con este beneficio en casos puntuales, pero nosotros queremos hablar no solamente de establecer estos requisitos, sino que también hablar de causales de revocación o pérdida del beneficio. Nos estamos haciendo cargo de un problema que afecta a todos los chilenos, porque esto es plata pública, por lo que esperamos terminar con este beneficio que tanto daño la he hecho a nuestra República”.
